PUBLICADA ESPAÑA EXTERIOR
LOS DESAHUCIOS
“Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio”, dice un viejo proverbio hindú. Y yo no sé si ya estamos en ese momento en el que, tal vez, habría que callarse y dejar que el silencio hablase. Pero esta frase no deja de ser una utopía o una cita con el humo. O sea, la nada.
Hace unos días el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, alertaba que “los derechos de los ciudadanos están siendo sustituidos por los derechos en el mundo de los negocios”. Y mientras estas palabras resonaban ante el auditorio, en varios puntos geográficos de nuestro país se iniciaba el rosario de suicidios e intentos de suicidios de personas que iban a ser desahuciadas.
Si oímos a los que ejecutan los desahucios (los dueños de los pisos) tenemos que admitir que, en un Estado de Derecho, no se pueden interpretar las leyes y ejercer los derechos a conveniencia de quien tiene que cumplir con lo pactado. Por lo tanto el desahucio es una consecuencia de la falta de cumplimiento de un contrato, y legalmente el que incumple ha de ser sancionado
Si oímos a los desahuciados, asumiremos que es muy cruel el tener que abandonar la vivienda, y quedarse en la calle por no poder pagar unas letras o unos alquileres. Pero ¿en dónde está el punto de equilibrio? ¿Es admisible que el deudor incumpla su obligación?¿vamos a admitir que los deudores tienen derecho a impedir, por la fuerza, que le cobren sus deudas? ¿Y si resulta que el que no paga es porque el dinero que le prestaron lo utilizó en un viaje a Las Vegas, en el cambio de coche, en la compra de ropa o en la celebración de una boda de su hijo? ¿Y si resulta que el que no paga lo echaron del trabajo por falta de productividad y se “olvidó” de programar su futuro?
¿Es lícito comprar un piso si no se tiene capacidad económica para pagarlo?
Estas reflexiones nos llevan, a su vez, a analizar la función de equilibrio que debe ejercer el Estado en un contexto en el que se denuncia la “sustitución de los derechos de los ciudadanos por los derechos del mundo de los negocios”. Más que “sustitución” de unos derechos por otros, lo que hay es protección excesiva y alarmante de las conductas desarrolladas en el mundo de los negocios y de la política. Si los responsables de empresas públicas y privadas han abusado de sus posiciones y han conducido al sistema al estado en el que se encuentra, deben PAGAR y deben asumir su culpa, como lo hacen los desahuciados que no pueden hacer frente al pago de los alquileres o las obligaciones contraídas con el banco. Y ese dinero y bienes que han “desviado” a familiares, amigos, o paraísos fiscales, ha de revertir al erario público y a los afectados por una mala gestión. Y han de devolver las ayudas y subvenciones que se le prestaron. Y mientras eso no se ponga en práctica, el desahuciado también tiene derecho a que se le rescate ¿Cómo?, pues, por ej. poniendo a su disposición un piso de protección oficial, con un alquiler muy bajo, o subvencionando parte de su deuda, o fijando otros criterios de compensación.
Si se ayuda a la banca, a los Sindicatos, a los partidos, a las empresas públicas y privadas, también debe ayudarse a los que van a sufrir un desahucio porque no pueden pagar a su banco o a su arrendador. En esto estriba el equilibrio de protección estatal ¿O no?
Octubre de 2012 Fdo. Ricardo Martinez Barros