PUBLICADA ESPAÑA EXTERIOR
LAS PENSIONES DE LA “DEPENDENCIA" Y EL ART. 135 DE LA CONSTITUCION
Hace ya unos meses publicaba en esta misma sección un artículo titulado “La Ley de la Dependencia y la Pendencia de la ley” y apuntaba que existía un afán irresistible en nuestras “Administraciones” por legislar y hacernos “dependientes” para sumergirnos finalmente en la “pendencia”. La existencia de 3.000.000 de funcionarios y el crecimiento del número de parados, que ya está en más de 4.000.000, anunciaba que los que íbamos a engrosar la “Lista de los Dependientes” seríamos los que aún no dependíamos de nadie. Y una cosa es “estar registrado para beneficiarse de la Ley de Dependencia y otra cosa, bien distinta, es estar beneficiándose de las prestaciones de esta Ley”. Hablábamos de “fracaso y engaño”
No hacía falta ser adivino para adelantarse a las realidades del futuro. El art. 135 de la Constitución (CE) cuya reforma, estos días, está sirviendo para avivar el caldo de los nacionalismos y otras tendencias, no es más que una consecuencia y obligación que nos impone la sensatez, el sentido común y la Unión Europea. ¿Qué es eso de endeudarse hasta el infinito o tomar propiedades del Estado con la simple aprobación de una Ley en las Cámaras? Tanto la Ley 47/2003, de 26 de diciembre (Ley General de Presupuestos) como la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre (Financiacion de las Comunidades Autónomas, LOFCA), como el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permitían, bajo el amparo y cobertura de ese art. 135. 1 de la CE, ahora reformado, el endeudamiento y disposición de propiedades de los entes públicos hasta límites infinitos.
Pero ha tenido que ser la Unión Europea la que nos haya tildado de “locos despilfarradores” y nos haya advertido que el “resto de europeos” no puede seguir trabajando para que aquí nos dediquemos a vivir por “encima de nuestras necesidades y carencias”. Y le han remitido una carta al Presidente del Gobierno y al Jefe de la Oposición para que traten de ser sensatos y corrijan lo que hay que corregir. Por eso ambos partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo y han modificado ese art. 135 que en su nueva redacción dice:
1.- Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria
2.- El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario… (o sea, no gastar más de lo que se ingresa)
Si esto se hubiese previsto hace ya tiempo, como se venía denunciando, ahora todos aquellos “beneficiados” de la Ley de Dependencia no estarían recibiendo respuestas evasivas o sufriendo el atraso en los abonos periódicos o teniendo que admitir que incluso el pago de esos atrasos se haga “de forma fraccionada,” Las Haciendas Autonómicas se escudarán diciendo que el “Estado no les ingresa ese dinero”. Y el Estado, o sea la Administración Central (Hacienda) contestará que no pueden dar dinero y deben fraccionar los pagos de los atrasos porque “deben reducir el déficit”.
Alguien va a preguntar, seguramente, si las nóminas de los diputados que ahora nos han brindado una imagen de unión y de “salvadores de la Patria”, han sufrido o van sufrir fraccionamiento en su abono para reducir el déficit. No es una frase populista, es simplemente el “grito del indignado”.
En una reciente entrevista que le hicieron al expresidente del Gobierno, Felipe González, no duda en exclamar que la “reforma pactada sobre el art. 135 de la CE ha sido impecable…”. Y en parecidos términos se expresaba uno de los “padres-redactores de la Constitución, Gregorio Peces-Barba. Solamente que todo esto lo dicen “a toro pasado”. Estamos llegando tarde a casi todo. Y con la Ley de de la Dependencia “se ha jugado y se está jugando sucio”. Hay determinadas necesidades, y concretos valores (como la educación, la sanidad o la propia estabilidad de las personas con limitaciones físicas o síquicas) que no pueden dejarse al arbitrio de un “iluminado” o de una ideología Son cuestiones demasiados serias e importantes para que se analicen y se resuelvan con criterios de sensatez, responsabilidad y unión. A ver si ese es el camino y por ahí se inicia la recuperación económica y de los valores. Que así sea.
Fdo. Ricardo Martinez Barros