PUBLICADO ESPAÑA EXTERIOR
¡QUÉ POCO VALEN NUESTRA VIDA Y NUESTRO HONOR!
El pasado día 1 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre que modificaba determinados artículos del Código Penal en materia de seguridad vial (TRÁFICO), con la finalidad de fijar penas más duras para conductores infractores.
Unos meses antes, otra reforma legislativa (Ley 21/2007, de 11 de julio) sobre responsabilidad civil y seguro incidía en la circulación de vehículos de motor.
Y el legislador (clonación del homo políticus) seguro que está satisfecho con la publicación de tantas leyes y reformas legislativas. Y otro tanto debe sucederle al grupo de expertos/as que, una y otra vez, se empecinan en ocultar su fracaso cada vez que una mujer o un hombre son asesinados por su pareja. Las muertes de la carretera y de la alcoba que ya superan a las provocadas por conflictos bélicos son un “fracaso social” cuyo análisis verdadero corresponderá a los criterios ponderados de los futuros historiadores, que nos dirán quienes eran “los malos” y quienes “los buenos”, pues el DESAJUSTE MENTAL que esta sociedad tiene para establecer unos criterios fiables de acercamiento a la verdad está en entredicho. Ya dudamos si el infractor es el que conduce el vehículo o, por el contrario, el culpable es el que interrumpe su trayectoria. Y también dudamos si la víctima es la que provoca al verdugo que, en su desesperación, solo acaba ejecutando el “destino telúrico” al que le conduce esta sociedad maltratada.
Curiosamente, estos días, los titulares de la comunicación, a raíz de la muerte de un joven de 17 años (acaecida en 2004 en la carretera de Castañares – La Rioja) reviven la “historia de la sinrazón”, pues mientras los padres de la víctima recibieron 33.000 euros de indemnización por la muerte de su hijo, el dueño del vehículo infractor (circulaba borracho y a 160 km/h) reclama 20.000 euros por las abolladuras de su vehículo. Es decir, que la vida de un joven de 17 años (en el que sus padres y la sociedad ya han invertido, para su formación y crecimiento varios cientos de miles de euros) vale tanto como el alerón delantero izquierdo de un vulgar vehículo de fibra y latón.
Pero de igual forma, podríamos escandalizarnos por los 120.000 euros que el Ministerio de Justicia ofrece a Dolores Vázquez (la acusada y condenada injustamente en el caso de Rocío Wanninkhof”) por todas las penurias, privación de libertad durante 17 meses, y destrucción de todo su honor y “asesinato de personalidad”.
He oído y leído demasiadas opiniones y comentarios que sólo sirven para desenfocar aún más el problema, desviando el “punto de mira” hacia la labor de jueces y abogados. Los jueces y abogados deben seguir el guión que previamente viene establecido, según EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ¿o es que se puede hacer otra cosa en una democracia que defiende el Estado de Derecho?
No, no está el problema en los “usuarios” y “aplicadores de la ley”. El problema es mucho más profundo y complejo. Es un problema que ya hace mucho tiempo vienen detectando, a nivel mundial, determinados pensadores como Edgar Morín que, en su Política de Civilización (no confundir con esa boutade llamada Alianza de las Civilizaciones) ya advierte que frente al “bien-estar” deben anteponer el “bien-vivir”, como pilar esencial hacia la obtención de momentos de felicidad. Frente a la “exclusión” y “soledad” deben potenciarse los “trabajos solidarios y prácticas conviviales”. Frente a un “crecimiento desbocado” debe restaurarse la “ética de la esperanza”.
La interrelación e interdependencia entre política, empresa y religión produce un conglomerado tan VISCOSO y amenazante que nos está sumergiendo a todos en un estado de desesperación y agresividad contenida que sólo la existencia de determinados “escapes sociales” permiten la contención de esas fuerzas en ebullición, configuradores de los sentimientos de esta sociedad.
En los dos supuestos que comentamos, se vislumbra una esperanza para perjudicados, pues en ambos casos la JUSTICIA ha actuado y ha corregido los “desajustes de las conductas”. Si bien nuestra vida y nuestro honor aún tienen escaso valor porque para la política, la empresa y la religión, no somos un fin, sino un medio.
Muchas veces las críticas que lanzamos a los jueces sobre decisiones incomprensibles tienen su causa u origen en un mal planteamiento de defensa. Muchas veces las ridículas cantidades que se fijan como indemnización por muerte o por ataques al honor, provienen de una escasa o insuficiente materia probatoria. Otras veces son las propias normas y jurisprudencia las que adolecen de “miseria” en su valoración.
Vigo, 28 de Enero de 2008
Ricardo L. Martínez Barros